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Por: Francisco Javier Toloza
Docente Universidad Nacional de Colombia

Peor que un politiquero es un politiquero que posa de estadista. Peor que un clan político es un clan político sin “políticos” que funciona como cartel de la contratación bajo ropajes de “técnicos” y académicos. Peor que el autoritarismo confeso, es un autoritarismo que se disfraza con retórica comprensiva para presentarse con una impostada superioridad moral. Más antiético que una red de corruptelas, es que éstas reciban la reverencia de la opinión pública como “autoridades intelectuales”, cuando más tienden a ser autores intelectuales del detrimento del erario. Aún más grave que derechizar la educación, es hacerlo a nombre de “no meterle política”, para mantener un manejo antidemocrático de espaldas a la necesaria rendición de cuentas. La legalidad solo es parte del problema, ya que hay mafias legales que hacen palidecer a cualquier cartel ilícito.

Todo lo anterior es lo que ha sucedido en la Universidad Nacional que ha devenido en las últimas dos décadas en botín presupuestal y clientelar de una elite “académico política”, -insípidos como académicos y más mediocres aún como políticos- que no obstante se niegan a entregar la administración del alma mater. Con el nombramiento de Ismael Peña como rector el pasado 21 de marzo las directivas de la UN han iniciado un conflicto con la comunidad universitaria que no avizora resolución distinta a validar la decisión mayoritaria que optó por la rectoría de Leopoldo Múnera Ruiz. Las salidas jurídicas siempre existirán cuando haya definición política.

Desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez el Consejo Superior Universitario -CSU- ha irrespetado la votación de la consulta para definir rectoría y construyó un sistema que ha permitido perpetuar hasta ahora a la camarilla política administrativa a fin a las sucesivas presidencias de la derecha que les dio patente de corso. Marco Palacios, quien soportó por su impostura un largo paro en 2003, misteriosamente entregó la rectoría a su secretario, Ramón Fayad Nafah en 2004 quien reformó inmediatamente el Estatuto General e inició una seguidilla en la que el clan político del que participaba engendra, promueve y perenniza directivos cuya interrelación entre sí, haría ruborizar a las más corruptas dinastías políticas.

Fayad proveniente de la Facultad de Ciencias, entregó la rectoría a su decano, de la misma Facultad de Ciencias, Moisés Wasserman Lerner, quien, tras repetir dos periodos sin ganar ninguna consulta, le hizo el traspaso de la rectoría a su decano, de la misma Facultad de Ciencias, Ignacio Mantilla Prada, quien, tras repetir dos periodos, sin ganar ninguna consulta, le hizo el traspaso de la rectoría a la otrora directora del Instituto de Biotecnología -IBUN- y su ex vicerrectora de investigación Dolly Montoya, quien también había ocupado cargos en el mandato de Wasserman, tras repetir dos periodos, sin ganar consulta alguna, pretende ahora entregarle la rectoría a su vicerrector de sede, Ismael Peña, quien no ganó en ninguna sede, ni en ningún estamento en la consulta, pero obtuvo una espuria mayoría en el CSU, gracias, entre otras, al representante profesoral de la Facultad de Ciencias, Diego Alejandro Torres y del exrector y exdecano de la Facultad de Ciencias, Ignacio Mantilla.

No es de mi interés demostrar impedimento jurídico alguno -que bien podría haberlos en cuanto este compadrazgo pasa por autoridades ordenadoras de gasto-, pero sí desnudar como más allá de cualquier formalidad legal, la principal casa de estudios del país lleva 20 años capturada por una logia cerrada en la que nadie que provenga de fuera de su círculo político-administrativo tiene derecho a acceder a los cargos directivos. Académicos impolutos que desechan la política, siempre que esta venga de la comunidad y de los sectores alternativos, pero lagartos con doctorado cuando de triangular clientela y presupuesto con los gobiernos de derecha se trata.

La administración Wasserman (2006) nombra decano de Ingeniería a Diego Fernando Hernández entonces director curricular del programa de Ingeniería de Sistemas, cargo que asumirá su pupilo, el hoy proclamado rector Ismael Peña. Tras senda reelección, Hernández en la decanatura, es designado por Mantilla vicerrector de sede Bogotá desde 2013 hasta 2017, de donde saldrá a ocupar la dirección de Colciencias y un viceministerio del presidente del Centro Democrático Iván Duque, no sin ser sucedido oportunamente en la decanatura una vez más por Peña, quien a la postre también ocupará la vicerrectoría de sede Bogotá que tuviera Hernández y la misma dirección del IBUN cuando este sea dejado vacante por Dolly Montoya.

Para no hacer infinito el carrusel de cargos en que se rota este grupo político que se apropió la UN, basta mencionar cómo bajo la participación del vicerrector de Mantilla, Diego Hernández en el gobierno Duque, crea la pomposa y fracasada “Misión de Sabios 2019” coordinada -vuelve y juega- por el exrector y exdecano de Ciencias, Moisés Wasserman. De forma por decir menos curiosa, la única facultad de la UN que adquiere categoría de “secretaría técnica” de dicho informe será la Facultad de Ciencias, bajo la relatoría del docente Diego Alejandro Torres, hoy representante profesoral al CSU a quien el comité de representantes profesorales le pide su renuncia por su participación en el concierto de elección de rector en casa de su exdecano Mantilla.

Además de los debates de fondo de las recomendaciones la supuesta Misión de Sabios -como la articulación “universidad empresa”- aparece bajo este contexto otro actor clave de la burla a la consulta universitaria. Como ficha de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez participa con el pintoresco cargo de “asesor gerente” de tan sapiente misión, un joven de nombre Humberto Rosanía Ortega, quien será ternado por el gobierno Duque para ser el delegado del CESU ante la UN, sin que perteneciera a dicho cuerpo colegiado ni hubiese tenido relación alguna con la Nacional, salvo su trabajo con Hernández, Wasserman, Torres y Cía.

Servilismo y vasallaje académico cual manzanillismo de gamonales, fomentado con el acceso a recursos estatales sin posible evaluación de los estamentos, por no decir de la ciudadanía supuesta receptora de la función misma de la educación superior pública. Quienes van pasando por los cargos de poder le fabrican el camino a un grupo selecto de áulicos que van capitalizando sus relaciones y privilegios para relevarlos en sus cargos, a donde llegan a devolver favores y abrirle paso a su cofradía académica-administrativa. No vengan con cuentos de falso altruismo científico cuando detrás de toda esta mafia está el carrusel de los puntos salariales docentes que permite que hoy en la Nacional haya profesores con sueldos básicos que bordean los 70 millones de pesos mensuales, cuando la mayoría de docentes cátedra no alcanzan al mínimo.

Pero el enriquecimiento individual es poco cuando se mira la mercantilización de la Universidad que sustenta este lucro. De los 2.9 billones de pesos de presupuesto para este 2024 la UN produce más de 1.1 billones en venta de servicios. No es fortuito que la actual rectora y su ungido sucesor hayan pasado por las direcciones de investigación y extensión que lejos de cualquier labor social están enfocadas a la obtención de esta onerosa suma a interés del mejor postor. Mientras tanto las instalaciones dedicadas a labores que no generan dinero se caen a pedazos como ocurrió hace unos días con el colegio IPARM o ni siquiera terminan su construcción como ocurre con la sede Tumaco con 10 años dando clase en contenedores. En descaro absoluto la Nacional ha conformado con socios de bolsillo de las administraciones, entidades de patrimonio autónomo para poder manejar bajo contratación privada y fuera de cualquier participación democrática labores misionales de la universidad. Bien valdría la pena que los sabios del CSU le explicaran al país como funcionan Rotorr y el Instituto de Liderazgo Público -éste último cofinanciado por la USAID-, así como quienes se benefician de dichas corporaciones.

No estamos solo ante una jugadita matemática del exrector Mantilla para su enésima rectoría en cuerpo ajeno. La excusa de las amenazas además de estigmatizar a la comunidad universitaria y develar la doble moral de unas directivas indolentes contra reales casos de riesgo, solo buscan ocultar el necesario debate público que sustenta cualquier ejercicio democrático. Estamos presenciando una práctica propia de la acumulación por desojo que caracteriza David Harvey, donde el pillaje y la coerción posibilitan la apropiación privada de bienes y recursos que no lo eran. Mucho academicismo impostado, pero una praxis similar a la de cualquier captor de renta pública y de una simple red clientelista.

Bien definió Ford Coppola que su trilogía de El Padrino no era la historia de la “Cosa Nostra” sino una metáfora del ascenso del capitalismo y la concentración mafiosa de poder y recursos. Quizás si conociera la U. Nacional podría ampliar su saga, con aventuras de un gansterismo reputado y plagado de títulos, con Dones matemáticos y consiglieres físicos. Pero mejor que no venga al campus, no sea que se le caiga encima el techo del deteriorado edificio de Cine y TV, para el que no han alcanzado los cálculos presupuestales de la rectoría.

https://revistaraya.com/francisco-toloza/632-la-nacho-nostra.html

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