Bogotá: Informe masacre de la policía nacional los días 9 y 10 de septiembre de 2020

Los eventos de violencia, abuso y brutalidad policial iniciados en la madrugada del 9 de
septiembre con el asesinato de Javier Ordóñez a manos de miembros efectivos de la
Policía Nacional (PONAL) desencadenaron uno de los episodios más graves de
violaciones a los derechos humanos acontecido en la historia de la ciudad de Bogotá.

Conclusiones:

A. Los días 9 y 10 de septiembre de 2020, la PONAL de Colombia reaccionó de forma
desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad, en la atención de las
manifestaciones ciudadanas ocurridas en Bogotá y Soacha, donde se presentaron
protestas por el asesinato de Javier Ordóñez en un procedimiento policial. El uso ilícito
de las armas de fuego por parte de algunos miembros de la institución produjo una
masacre que cobró las vidas de 11 jóvenes en idénticas circunstancias y en un corto lapso
temporal. La masacre ocurrió ante la ausencia de una orden política y operativa de no
utilizar las armas de fuego en contra de los manifestantes, en un contexto social complejo
y de alta tensión que requería un decidido liderazgo político y operativo, en los niveles
nacional y distrital, fundado en los derechos para evitar su ocurrencia.

B. La escalada de violencia y violaciones a los derechos humanos tuvo mayores impactos
en las localidades de Usaquén (tres homicidios), Suba (cinco homicidios), Engativá
(dos homicidios), Kennedy (un homicidio) y el municipio de Soacha (tres
homicidios). Para esta Relatoría es claro que la acción violenta de los agentes de
Policía se encarnizó en contra de los jóvenes de los sectores populares de Bogotá y
Soacha y que el resultado de esta tragedia deja ver que existe una criminalización de
la pobreza por parte de la fuerza pública de la que se desprenden acciones autoritarias
e ilegales en contra de los habitantes de ciertos sectores sociales. Al hacer un paneo
de las víctimas mortales encontramos que comparten algunas características
socioeconómicas: sus familias o ellos son provenientes de diferentes regiones y
llegaron a Bogotá en busca de oportunidades (13 de los 14 casos), sus edades se
encontraban entre 17 y 27 años (10 de las 14 víctimas), no eran profesionales (11 eran
bachilleres, dos estaban haciendo una carrera y uno tenía formación técnica), o eran
trabajadores informales o tenían contratos cuyos ingresos se encontraban cerca del
salario mínimo (13 de 14). Dichos rasgos proponen una reflexión sobre si la Policía
tiene un comportamiento más represivo y autoritario con los ciudadanos de bajos
recursos.

C. Esta Relatoría documentó 14 asesinatos, lesiones de al menos 75 personas por arma de fuego, 43 por arma cortopunzante, 187 por otro tipo de lesiones y las heridas provocadas a al menos 216 miembros de la PONAL. También registramos los daños provocados a 78 buses del componente troncal (nueve de ellos incinerados), 51 buses del componente zonal (cinco incinerados) y 76 CAI (17 de ellos incendiados y destruidos). Entre los casos que llamaron la atención está el de Cristian Camilo Rodríguez, asesinado el 10 de septiembre por hombres vestidos de civil en Engativá. Su asesinato ha sido excluido, sin fundamento, del conjunto de casos que se califican como relacionados con las jornadas de violencia del 9S y avanza de manera dramática hacia la impunidad.

D. No obstante los preceptos constitucionales y legales que establecen que alcaldes/as y
gobernadores/as son la primera autoridad de policía en su jurisdicción, operativamente
la PONAL no se encuentra subordinada a las autoridades locales, quienes no intervienen
en su proceso de selección y/o ascenso, no ejercen funciones disciplinarias y cuyas
órdenes pueden ser desautorizadas por un mando o por el gobierno nacional. En pocas
palabras, la subordinación de la Policía a los alcaldes y gobernadores no es una realidad
fáctica.

E. La estrategia investigativa para la judicialización de los crímenes ocurridos en el marco
de las manifestaciones del 9S es escasa para garantizar la no repetición de estos eventos.
Mientras estas no se guíen por los principios de la investigación en contexto, los
resultados no lograrán esclarecer todos los casos, pero más aún, las condiciones
institucionales que propiciaron lo ocurrido. A 15 meses de la ocurrencia de los hechos,
los avances son residuales y si bien no es posible aseverar que se encuentran en la
impunidad, hacia allá transitarán si no se adoptan medidas urgentes.

Debemos agradecer al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo quien hizo
posible la realización de esta Relatoría, así como a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Human Rights Watch, quienes durante todo el proceso acompañaron con sus consejos, comentarios y reflexiones este ejercicio.

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