Todo comenzó la madrugada del 28 de abril, cerca de las 5:30 a.m., cuando el pueblo indígena Misak bajó la estatua de Sebastián de Belalcázar, el conquistador español que en 1536 fundó la ciudad de Cali, capital del departamento del Valle de Cauca. El derribo del prócer secundó un amanecer de nubes goteadas, con arreboles rojos, azules y violetas. Fue el detonante que marcó el estallido social del Paro Nacional, que está cerca de cumplir un mes de vigencia.

Podría decir, sin equivocarme, que esta es la revolución de El baile de los que sobran, como reza la canción de Los Prisioneros. Los que quedan por fuera de las mieles que cultivan las familias dueñas de los ingenios de caña de azúcar que tiene el departamento, hoy monocultivo imperante en casi todo el territorio. Los que resisten la caída hacia la pobreza extrema, los silenciados y ninguneados por una clase dirigente que los borró y los sacó de los privilegios con discriminación y racismo. Con tan mala fortuna, para estas familias privilegiadas, que en ese baile están la mayoría de los jóvenes que hoy marchan y protestan.

Cali llegó a ser la ciudad más desarrollada en el suroccidente colombiano. El economista Mario Valencia documentó que en 1980 el departamento aportaba más de 12% del Producto Interno Bruto del país. Hoy, explica el economista, escasamente llega a 10%. Contaba con empresas como Quaker, Michelin, Adams, Bayer, Eveready, Croydon, Gillette, Pfizer, entre otras, que se marcharon. Si bien ese pasado dorado generaba empleos de calidad para la población, con el tiempo fueron reemplazados no solo por una economía informal, sino también por el narcotráfico, lo que la convirtió en una ciudad en decadencia.

Esas condiciones, otrora favorables, configuraron a Cali como epicentro del desplazamiento forzado de miles de personas víctimas del conflicto armado. Solo en 2018, la alcaldía registró la llegada de 205,000 personas en esta condición, muchos del Pacífico y el Cauca, donde se concentraron los asesinatos de líderes y lideresas sociales, y la disputa de las rutas del narcotráfico. Mientras tanto, la población creció demográficamente hasta arropar más de 2.2 millones de habitantes.

Todo lo anterior se suma a la falta de liderazgos políticos y administrativos capaces de gobernar con eficacia para el oriente de la ciudad, las laderas de Siloé y Terrón Colorado, a donde llegan los desplazados. Lugares barriales y comunas caleñas que tienen en común, además, ser el centro de la violencia policial y, al tiempo, del estallido social. No son los únicos. Está Melendez, Puerto Resistencia (antes Puerto Rellena), el Puente de los Mil días, Sameco y otros.

Con un año lleno de toques de queda y cuarentenas estrictas como único paliativo eficaz para no colapsar las Unidades de Cuidados Intensivos por COVID-19, a los caleños y caleñas se les subieron, como quien arde en fiebre, los indicadores de pobreza, pobreza extrema y desempleo.

El escritor colombiano Andrés Caicedo alguna vez dijo: “Maldita sea, Cali es una ciudad que espera, pero no le abre la puerta a los desesperados”. Y los desesperados son los que tienen hambre, los que llegaron a la ciudad en espera de mejores condiciones, los que esperaban entrar a la universidad, los que iban al colegio para tener algo que comer. Sobre todo una generación que no sobrepasa los 25 años, que teniendo todo para dar, se choca con una ciudad que no tiene mucho que ofrecer; tan solo trabajos de rebusque y temporales, mientras las redes del narcotráfico y la delincuencia los seducen con cantos de sirena.

Esta es la generación a la cual, aquel 28 de abril, el gobierno del presidente Iván Duque reprimió brutalmente, justificándolo con los numerosos saqueos y asonadas a las estaciones de buses urbanos que se presentaron durante varios días, en simultáneo a las manifestaciones.

Desde entonces somos testigos en vivo de una guerra entre cuarteles hechos de piedras, palos, tejas y escudos de hojalata (antes señales de tránsito) con jóvenes desarmados —que se hacen llamar Primera Línea— y la Policía Nacional. Al sexto día de protestas, Cuestión Pública registraba 18 muertos, más de 100 personas desaparecidas y 220 capturados por la Policía en la ciudad.

A todo esto, el gobierno local y departamental parece congelado. No truena ni suena. Solo sabemos de las directrices violentas del orden militar, policial y nacional, que se instalaron en la ciudad a “imponer” el orden. El ministro de Defensa, Diego Molano, se escuda en tratar a los manifestantes como “vándalos”, enemigos internos, disidentes de la guerrilla o como guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esto puede ser para justificar los 9,200 millones de dólares de gasto militar que hicieron en el 2020, un año pandémico que dejó a 42.5% de la población colombiana en condición de pobreza. También justificaría la asistencia militar en varias ciudades, anunciada el pasado 1 de mayo.

La espuma no baja. Con los días, la violencia escaló con la venia del gobierno. Se hace el ciego ante los hechos como los del 7 de mayo en Cali, días en que un grupo vestido de civil con armas largas, pistolas y en camionetas, dispararon en contra del bloqueo en el barrio La Luna, otro lugar azotado por la violencia policial. Dos días después, supuestos civiles dispararon contra 12 integrantes de la Minga Indígena, que habían llegado a la ciudad a apoyar el Paro Nacional.

Con todo, gran parte de las clases medias y populares resisten entre demostraciones pacíficas y otras convocadas por ciudadanos enfrentados con las manifestaciones y los bloqueos como la Marcha del Silencio del 25 de mayo, en la que también se presentaron actos de intolerancia con la Comisión de Derechos Humanos de la Alcaldía. ¿Y por qué Cali? Pues porque, ¡maldita sea! Cali es una ciudad que espera, pero le cerró las puertas a los desesperados, a la generación que ya no tiene nada que perder.

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