Las cuentas sobre los falsos positivos: la tarea pendiente de la JEP

Michael Reed HurtadoMichael Reed Hurtado*

La JEP no ha acusado a nadie, pero detrás de ese gran número de casos tenía que haber un tramado de incentivos, de redes y encubrimientos. Por eso las protestas airadas contra este primer paso de un proceso que ya está pisando callos.

La noticia

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) difundió la ruta de investigación y judicialización que persigue en uno de los casos más complejos que se hayan tramitado en cualquier jurisdicción del mundo: el de los falsos positivos. Además del tiempo transcurrido, la complejidad resulta de la magnitud de la transgresión, y del poder y la gran capacidad de resistencia de los responsables.

Mediante resolución del 12 de febrero de 2021, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP dio a conocer “la priorización interna del Caso 03 denominado ‘muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado’”. No comunicó conclusiones ni hizo alegaciones.

Pero el tema es tan sensible que quienes se sintieron implicados saltaron y clamaron blasfemia en nombre propio, el del Ejército y el del gobierno. Y en seguida atacaron a quienes consideran sus acusadores.

Una lista actualizada

La sala de la JEP explicó que, sobre la base de las fuentes disponibles, había realizado un ejercicio de contrastación que dio como resultado una lista de 6.402 casos de muertes reportadas como Resultados Operacionales (ROs) por el Ejército en los cuales hay indicios suficientes para considerar que las muertes fueron fraudulentamente presentadas como bajas en combate.

La sala no ha concluido que esos casos sean eventos criminales, pero sí concluyó que hay elementos suficientes para cuestionar esos ROs y, por eso, los investiga.

Sobre la base de la lista consolidada, la sala expone la distribución temporal y espacial de los casos en cuestión y anuncia que, siguiendo criterios objetivos, ha adoptado una priorización regional, y que aplicará una metodología de investigación que “va de abajo hacia arriba”.

Lo visible y lo invisible

La sala de la JEP tiene que investigar de abajo hacia arriba, en parte, por la naturaleza misma de este fenómeno criminal: cada uno de los homicidios registrados fraudulentamente como una baja en combate por el Ejército está enterrado (o camuflado) por un largo registro administrativo y operacional que justifica la muerte. En relación con cada ejecución hay una historia alternativa que tiene sustento documental. Cada falso positivo implica una larga cadena de conducta oficial que no suele considerarse:

  • Cada muerte resultó de una operación militar que fue planificada, ejecutada y reportada bajo el manto de la ley, utilizando recursos públicos;
  • Cada muerte está amparada por documentos burocráticos (por ejemplo, órdenes de operaciones, anexos de inteligencia, registros de la munición utilizada, declaraciones de los implicados, e investigaciones de oficio de jueces penales militares) que legalizan la conducta letal; y
  • Cada muerte suma al indicador mortal de los respectivos soldados, oficiales, batallones, brigadas y divisiones, que fue usado como instrumento de evaluación.

Cada uno de los homicidios registrados fraudulentamente como una baja en combate por el Ejército está enterrado (o camuflado) por un largo registro administrativo y operacional que justifica la muerte

Mientras la ilegalidad de la acción siga estando camuflada o escondida, cada una de las muertes hace parte de los resultados (los ROs) que llenan de orgullo y gloria al Ejército — orgullo y gloria que son precisamente la defensa favorita de los militares que han sido acusados—.

La documentación para montar la mentira y las demás acciones de encubrimiento son elementos no visibles de esta práctica criminal. Es cierto que la atrocidad de cada muerte es espantosa, pero la matazón es apenas la punta del iceberg de este patrón criminal. Los soldados no hubieran matado sin la exigencia de sus superiores; en una organización jerarquizada, como el Ejército, la iniciativa personal no se permite. Además, estos actos ilegales se consumaron y se extendieron como resultado directo del ambiente operacional del Ejército, no por iniciativa propia de unos asesinos. Las acciones de mayores consecuencias están en la base del iceberg —la parte no visible de los falsos positivos—.

La práctica es negada oficialmente y la justicia será resistida

Este proceso implica confrontar el hecho de que los gobiernos y los militares han escondido los rastros de las responsabilidades mayores y han tejido una madeja de mentiras (que incluye verdades parciales). Además, el secretismo que siempre ha existido en relación con los asuntos castrenses en Colombia produce la tiniebla perfecta para generar confusión.

El entramado negacionista se profundizó paradójicamente con el reconocimiento controlado del “escándalo de los falsos positivos” que hizo el gobierno Uribe. En efecto, el 29 de octubre de 2008 el entonces presidente declaró que había “serios indicios” de que miembros del Ejército habían recurrido a prácticas ilegales “a cambio de contribuir al logro de resultados”. El comunicado oficial se sustentaba en los hallazgos de una comisión administrativa que se ocupó de las denuncias de desaparición forzada y posterior homicidio de los jóvenes provenientes del municipio de Soacha, quienes fueron presentados como ROs por unidades del Ejército en Norte de Santander. El informe secreto de la comisión también señaló “una inexcusable falta de diligencia en la investigación rigurosa de presuntos casos irregulares”.

La matazón es apenas la punta del iceberg de este patrón criminal. Los soldados no hubieran matado sin la exigencia de sus superiores

El lenguaje del informe puede resultar medido, pero consideren lo podrida que tenía que estar la situación para que un mecanismo ad hoc de control interno llegara a esa conclusión. Esta alarma localizada debió haber motivado una investigación de fondo en todo el territorio nacional, pero incluso el caso de Soacha se quedó bajo reserva y empezó una gran operación de ocultamiento.

Ese proceso de negación y encubrimiento sigue activo y se manifiesta de manera diversa, incluyendo algunas de las siguientes acciones:

  • Minimizar la práctica y controlar la narrativa;
  • Adoptar nuevos marcos de política (sin nombrar el problema y sin dar a conocer los documentos que lo causaron; por ejemplo, el indiciador letal lo cambiaron sin revelar el original);
  • Entregar chivos expiatorios a la justicia (a veces forzándolos a asumir responsabilidades menores o poniéndoles abogado ajeno para controlar su intervención en los procesos penales y disciplinarios);
  • Esconder el registro institucional u organizacional (de hecho, hay prueba fehaciente de ordenes que pidieron destrucción de pruebas);
  • Obstaculizar todo intento de control externo (incluyendo casos de corrupción y amenazas a funcionarios judiciales);
  • Promover cambios de jurisprudencia (por ejemplo, en el Consejo Superior de la Judicatura sobre los conflictos de competencia con la Justicia penal militar);
  • Inventar marcos de referencia que no son jurídicos (como el supuesto derecho operacional);
  • Modificar la Constitución y las leyes para ampliar el alcance de una dependencia administrativa del ministerio de Defensa (la Justicia penal militar) sobre los casos de homicidio; y
  • (Cuando lo anterior falla o para respaldarlo) recurrir a la intimidación y la violencia.

La trama de acciones de negación y encubrimiento es tan larga como la letanía de atrocidades cometidas por el Ejército, y es parte integral de la práctica criminal que investiga la JEP. Sin ellas el crimen de Estado no se perfecciona.

Portada: Wikimedia Commons La indeclinable dignidad de los familiares de las víctimas ha hecho imposible la negación total de esta práctica criminal.

Una conducta arraigada que adquirió dimensiones industriales

La presentación de un homicidio premeditado como una muerte en combate es una práctica antigua y arraigada en el Ejército colombiano, conocida como “legalización”. La diferencia del período que estudia la JEP en relación con esta conducta registrada en los ochenta y los noventa es el volumen industrial que adquirieron las legalizaciones entre 2002 y 2008.

Durante aquellos años, los falsos positivos se hicieron parte prácticas comunes en las unidades militares:

  • Se llevaban “marcadores” o conteos de los muertos, como si se tratara de una contienda deportiva entre distintos batallones;
  • Comandantes de división evaluaban a los subalternos sobre la base del número de bajas (ignorando cualquier otro resultado);
  • Los oficiales jóvenes competían por permios y ascensos sobre la base del conteo de muertos; y
  • Se establecieron incentivos formales e informales —medallas, asignación de tareas ligeras, permisos personales, fiestas y vacaciones pagas— para aumentar el número de bajas.

La incitación a la creatividad hizo parte explícita del llamado de los comandantes del Ejército, como muestra el registro de algunas “revistas radiales”. La innovación fue impulsada por el desmonte o la neutralización de las reglas y los mecanismos de control (internos y externos). Al adoptar la muerte como meta y medida de la gestión, la práctica se extendió y se generalizó hasta su abrupta disminución a partir de octubre de 2008 — cuando los comandantes decidieron tomar medidas de freno y demostraron, de paso, que sí era posible hacerlo —.

Cómo funciona un falso positivo

Tenemos bastantes detalles sobre la mecánica del secuestro y la muerte en el marco de los falsos positivos. Fueron tantos los casos durante tanto tiempo que su comparación refleja hábitos y aprendizaje (informal) entre los ejecutores.

Surgió una jerga para describir distintos aspectos de los eventos; por ejemplo, a las víctimas les llamaban muñecos, toros o paquetes. A punta de repetir el hecho, los militares aprendieron que había muñecos mejores que otros; como escribí en 2013: “si el muñeco venía con antecedentes criminales más fácil se hacía el montaje; o si era guerrillero de verdad, ejecutarlo era un paseo. Grotescamente, la justificación de la muerte se amplificó y el mercado de los cuerpos para dar de baja prosperó (…) Las víctimas venían marcadas como bestias, signadas por el desprecio y la discriminación; se buscaban drogadictos, ladrones, habitantes de la calle, personas con desórdenes mentales, y personas con cualquier otra condición que generara el despreció de sus verdugos. Al comienzo —narran las voces de algunos de los perpetradores que han sido sentenciados— se buscaban personas bien malosas, pa’ que la vuelta tuviera sentido. Después dejó de importar; fue tan descarada la carnicería que todo se hacía buscando el menor esfuerzo”.

Se llevaban “marcadores” o conteos de los muertos, como si se tratara de una contienda deportiva entre distintos batallones

Las técnicas utilizadas están condicionadas por factores personales de los ejecutores, elementos de oportunidad y de situación (incluyendo, “los medios disponibles para la vuelta”). Como otro tipo de prácticas encubiertas en los cuerpos de seguridad, este oficio de matar “de manera encubierta pero limpia” — es decir, para simular bajas legítimas— no es objeto de instrucción formal. “Las técnicas se esparcen mediante noviciados de trastienda, redes de murmullos, y el poder habilitante de quienes miran con conocimiento, pero se hacen los de la vista gorda”, como dice Rejali.

La responsabilidad de los superiores no está en órdenes grotescas o manifiestamente ilegales. Está en la presión por resultados, en la premiación de los resultados, en el provecho propio, y en el encubrimiento, la ignorancia deliberada y la connivencia con la atrocidad. La responsabilidad de los superiores es profunda y no ha sido tocada.

El tiempo corre…

No es la primera vez que un órgano de investigación del Estado asume la tarea de investigar estos hechos, pero sí es la primera vez que una entidad judicial los pone en blanco y negro, organiza y consolida el esfuerzo de manera estratégica, y abiertamente asume la tarea de esclarecer un patrón de criminalidad incrustada en el Estado.

La Fiscalía General de la Nación lo intentó en algún momento, pero además de desistir a media marcha, acabó por trasladar masivamente muchos de los procesos a la Justicia penal militar y condenó al ostracismo a investigadores y fiscales que avanzaban en contra de responsables superiores.

El reto de la JEP es gigante y tardará tiempo. Este esfuerzo necesita la (agotada) paciencia de los familiares de las víctimas, mucha técnica (en investigación y aplicación del derecho), y el respaldo de la ciudadanía mientras avanza el esfuerzo de producir verdad y justicia, en contra de intereses muy poderosos. El tiempo se agota, pero el auto de la JEP contiene pistas que indican que la ruta es prometedora.

Del anuncio de la JEP, preocupan los casos que no han entrado en la priorización inicial: imagínense cómo se sienten los familiares de las víctimas de los casos acontecidos en Arauca, Boyacá, Putumayo o Sucre (no incluidos en el primer corte).

La indeclinable dignidad de los familiares de las víctimas ha hecho imposible la negación total de esta práctica criminal. Pero gran parte del entramado criminal que sustentó y sustenta esta práctica sigue tapado y todo intento por descubrir la transgresión colectiva y la responsabilidad de superiores es achacado a la guerra mediática y jurídica orquestada por los “corifeos de la guerrilla”, o (ahora) por “víboras venenosas”.

Razón Pública

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